Como ya sabéis el 25 de enero a las 12 presenta José Luis Gutiérrez Molina el libro la justicia del terror. De él he extraído este fragmento sobre los juicios del 37 en Benalup de Sidonia:

 «…Otros dos fueron contra 18 vecinos
de Casas Viejas ( Fueron Sebastián y José Cornejo Bancalero, José Lino
Reyes, Julián Fuentes Luna, Francisco Moreno Cabezas, Sebastián
Cortabarra Vera, Juan Pérez Franco, Francisco Vargas Casas, Manuel Vera
Moya, José López Arjona, Antonio Cornejo Arjona, Cristóbal Toro
Domínguez, Juan Pino Rodríguez, Manuel Moreno Cabezas, Cristóbal Moreno
Peña, Francisco Sánchez García, José Moreno Estudillo y Fernando Romero
Vera.)

Muchos de ellos habían participado, y sufrido prisión y cárcel,
en los sucesos de enero de 1933. Quince fueron condenados a diversas
penas de prisión172. Entre los condenados estuvieron Manuel Vera Moya y
Sebastián Cortabarra Vera que no volvieron a gozar de la libertad.
Murieron en la cárcel. Otro, Juan Pérez Franco poco la disfrutó.
Falleció a los pocos meses de ser puesto en libertad provisional. Tanto
Vera como Pérez Franco habían sido procesados en 1933. Los tres
abandonaron la población el verano de 1936. Tenían el antecedente de los
asesinatos de enero de 1933. Habían regresado a Casas Viejas a los
pocos días de la ocupación de Málaga. Fueron detenidos, se les abrieron
diligencias y terminaron siendo procesados y condenados a 12 años de
prisión. El primero que murió fue Manuel Vera. Lo hizo el 7 de agosto de
1937 cuando, ya condenado, se encontraba, en la cárcel de Medina
Sidonia, a la espera de que se le designara el penal de cumplimento.
Sebastián Cortabarra Vera fue trasladado a finales del mes de octubre al
castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda. Poco más de un mes pasó
cuando falleció a consecuencia de una septicemia tuberculosa. Juan Pérez
Franco sobrevivió durante cuatro años. Hasta finales de noviembre de
1940 estuvo en la prisión de Jerez de la Frontera. Después, pasó poco
más de cuatro meses en su domicilio tras ser puesto en libertad
provisional antes de morir. Todos ellos habían sido calificados como de
extrema izquierda, por su pertenencia a CNT y UGT, y de conducta dudosa. 

 Los hermanos Sebastián y José Cornejo Bancalero desaparecieron durante
el verano de 1936 con la intención de escapar a su incorporación a las
filas de las tropas golpistas. Estaban trabajando en las faenas de
descorche y pasaron a zona gubernamental. Por diversos pueblos
malagueños estuvieron trabajando hasta la ocupación de la capital.
Entonces regresaron. Que Sebastián perteneciera a la CNT, y hubiera sido
uno de los procesados en 1933, aunque resultara absuelto, no resultó
significativo para que los jueces le condenaran a la misma pena que a su
hermano José, miembro de la UGT y al que la propia Guardia Civil
consideraba simpatizante izquierdista pero no activista.
 Francisco
Vargas Casas también estaba afiliado a la CNT e implicado en los sucesos
de 1933. Como tantos otros se escondió. No pasó a la vecina Málaga,
sino que estuvo oculto por los montes de Medina y Alcalá. En febrero de
1937 se encontraba en la finca Los Hornillos. Fue allí donde decidió
regresar al pueblo tras conocer la caída de Málaga. Le esperaban para
purgar no solo su izquierdismo, y que lo hubiera expresado públicamente,
sino un atrevimiento que había tenido unos meses antes. Para los
golpistas, una muestra del caos con el que venían a acabar a sangre y
fuego: la pérdida de respeto al orden natural de las cosas. El hecho lo
había protagonizado Vargas el 11 de junio de 1936, día de Corpus. Esa
mañana, las hermanas Vela Barca, pertenecientes a una de las familias
más ricas de la localidad, se dirigían a misa acompañadas por su hermano
Antonio. En el trayecto un grupo de jornaleros, entre los que estaba
Vargas, comenzó a mofarse de ellos, de sus creencias. En un momento
determinado Vargas osó acercarse a una de las mujeres y le arrebató el
velo. Entonces Antonio abofeteó a Francisco, quien le devolvió el golpe
mientras le llamaba fascista en referencia a su militancia en Falange.
Se montó una buena trifulca que fue aumentando hasta el punto de que la
Guardia Civil tuvo que llevarse a Antonio Vela al cuartel, donde lo
retuvo hasta el día siguiente cuando, con el resto de la familia, marchó
a Medina Sidonia para permanecer allí unos días hasta que se calmara el
ambiente. Poco tiempo duró la calma, llegó el golpe y la acción de
Vargas no se olvidó. La recordaron los informes del Requeté, la Falange y
el Ayuntamiento. La primera consecuencia fueron los 12 años de prisión
que le cayeron. Después vino el boicot, el hambre y la emigración
forzosa. 
También, en este PSU 223/37, fueron condenados a 12 años
Francisco Moreno Cabezas y Antonio Cornejo Delgado, este último
participante en los sucesos de 1933. Ambos fueron considerados de
extrema izquierda. Como en otras ocasiones, tampoco puedo explicar las
causas que llevaron a los jueces golpistas a la absolución o el
sobreseimiento de instrucciones de otros procesados. Podemos hacer, como
ya se ha dicho, toda clase de suposiciones. Fue el caso del cenetista
Julián Fuentes Luna, considerado por la Guardia Civil un extremista y
por la Falange un «hombre de acción», ya que en 1933 estuvo haciendo
guardia armado en una de las carreteras de entrada al pueblo. Al día
siguiente, 18 de junio, fueron diez casaviejeños los que comparecieron
ante López Alba. Todos fueron condenados. Entre ellos estaban algunos de
los que sitiaron el cuartel de la Guardia Civil el 11 de enero de 1933 y
dispararon contra él ocasionando las heridas primero, y la muerte
después, de dos de los guardias. A Cristóbal Toro Domínguez, el informe
de Falange, le acusaba de haber sido quien había alcanzado a uno de
ellos. Doce años le cayeron. Los mismos que a Manuel Moreno Cabezas y a
Francisco Sánchez García. Al primero, además, le endilgaron que había
estado entre quienes quemaron los recibos de la recaudación municipal en
1933. Sánchez García sufrió la misma pena por haber sido procesado por
los sucesos de 1933 y ser considerado persona de ideas extremistas.
Para
completar los que sufrieron la condena de la docena de años tenemos a
dos jóvenes que cumplían el servicio militar en Valencia y les
sorprendió el golpe de permiso. Fernando Romero Vera se lo pensó poco y
el 27 de julio se marchó al ver que lo hacían otros muchos convecinos.
Fue de los que permanecieron en los alrededores. Se escondió en la finca
Cañada del Valle, a donde le llevaba la comida su hermana. El segundo
fue José Moreno Estudillo, que también permaneció escondido desde julio
por fincas y ranchos cercanos. De ambos el informe del alcalde pedáneo
informó que eran extremistas. Incluso de Moreno se dijo que había estado
entre los apostados en 1933 en las salidas del pueblo. Los otros dos
condenados lo fueron a 14 años. Juan Pino Rodríguez tenía 46 años  y era
de la UGT. A mediados de agosto, tras oír diversos tiroteos y escuchar
que aparecían cadáveres, se marchó a La Sauceda. Después estuvo en
Jimena y, finalmente, anduvo, como otros tantos miles, por diversos
pueblos malagueños trabajando en lo que encontraba. Cuando regresó en
febrero de 1937 fue acusado de extremista y de «activo propagandista de
ideas disolventes». 
Tampoco en el caso de Cristóbal Moreno Peña se
atisba por qué su condena fue mayor que la de los participantes en los
sucesos. Se había marchado, con su familia, a mediados de septiembre de
1936. Cuando regresó, el Ayuntamiento lo consideró persona de dudosa
conducta. La Guardia Civil, que tenía muy malas compañías. Moreno
terminó, en los años cuarenta, colaborando con los grupos de la sierra y
volvió a ser encarcelado. Murió en prisión. Juan Jiménez Fernández.
Aunque no era vecino de Casas Viejas, participó de forma destacada en
los hechos de enero de 1933. Al no ser localizado, su madre fue
presionada y recibió varias palizas a consecuencia de las cuales murió.
Vendedor ambulante, «dedicado siempre a las cosas de los gitanos» que
escribió la Falange en 1937, fue de los que tampoco dudaron en
desaparecer el verano de 1936. Muy cerca le quedaba la experiencia de
1933 y su procesamiento. Primero se ocultó en un cortijo de Los Barrios y
después pasó a zona gubernamental. Por Málaga estuvo hasta su regreso
en febrero. El alcalde pedáneo no dudó en informar de sus pésimos
antecedentes y peor conducta, como lo demostraba que había sido uno de
los participantes en el asedio del cuartel e incluso había amenazado con
un arma a un contratista de obras públicas. Doce años le cayeron, de
los que cumplió cuatro en la prisión de Ronda…
Casas
Viejas tenía su papel en la historia de la represión desde 1933. Ya
hemos visto como en mayo de 1937 unas decenas de casaviejeños habían
comparecido
ante el consejo de guerra
tras su regreso de la zona gubernamental. Ahora tenemos un caso cuyas
bambalinas conocemos algo gracias a las entradas del blog deSalustiano
Gutiérrez Baena sobre el tema. Se trata de la denuncia que llevó a
Ricardo Rodríguez Pérez-Blanco, dueño de un bar en la Alameda de Casas
Viejas, a prisión durante cuatro meses y, por lo que parece, estar cerca
de ocurrirle algo más. Pérez-Blanco fue denunciado porque dos
falangistas que estaban una noche en el local oyeron que sonaba el Himno de Riego y La Marsellesa por el
aparato de radio. Arguyó que lo que había pasado era que buscaba radio
Jerez que, a esa hora, daba un programa de flamenco y que, al pasar el
dial, había sintonizado momentáneamente algunas emisoras gubernamentales
que emitían esas canciones. Pero que, inmediatamente, las había
quitado. Sin embargo la organización local de Falange insistió en que no
era la primera vez que ese hecho había ocurrido, que las emisoras rojas
habían sonado un tiempo y que Pérez-Blanco era socialista. Trasladado a
Cádiz en julio, fue finalmente absuelto»
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