Ya hemos visto como Joaquín Arrarás no ahorra detalles, ni datos en todo lo relacionado con los sucesos, pero ello se hace más evidente cuando entra en el apartado de las consecuencias políticas.
Veamos como narra la forma en la que la opinión pública tuvo conocimiento de lo que verdaderamente había ocurrido en Casas Viejas. Lo atribuye, y estaba en lo cierto, a la acción combinada de la prensa y los partidos políticos no partidarios de la colación republicano socialista. Aunque la mayoría consigue que no se forme una comisión parlamentaria que investigue los hechos, si se hace una extraparlamentaria que viaja a Casas Viejas. Dice así:
«COMISIÓN PARLAMENTARIA EXTRAOFICIAL
Contra lo que podía creerse, la preocupación no desaparece. La Prensa insiste en desmenuzar el asunto de Casas Viejas, y el 8 de febrero vuelve a tomar estado parlamentario. El diputado socialista disidente Algora, en una proposición incidental, pide el nombramiento de una Comisión parlamentaria que se traslade a Casas Viejas, investigue lo ocurrido e informe después a la Cámara. Y aunque Azaña se opone rotundamente, porque “el Gobierno no tiene que explicar nada y las investigaciones las realiza con sus órganos apropiados”, el hecho es que, al margen del Parlamento, se forma una comisión extraoficial de diputados, sin participación de la mayoría, para realizar la investigación.
La componen Rodríguez Piñero, Eduardo Ortega y Gasset, Rodrigo Soriano y Sediles; se invita a completarla a un representante de la minoría progresista y se le unen el señor Aramburu por la minoría conservadora, y los señores Algora, Fanjul, Cordero Bel y Muñoz.
Luego pasa a presentar las conclusiones de esta comisión extraparlamentaria. Hay varias curiosidades a comentar. Es curioso por lo inaudito que Joaquín Arrarás se equivoque en un dato, no fueron 14 los hombres fusilados, 14 fueron los que iban en la cuerda de presos y se escaparon dos. Arraras toma el dato del juicio al Capitan Rojas donde se le juzgo por esos 14 muertos, los 12 de la razzia, el de Antonio Barberán Castellet producido en la calle Medina y el de Rafael Mateos Vela, por la patrulla de Anarte, cuando Rojas aún estaba en Jerez de la Frontera. La segunda cuestión que me llama la atención es que aparezcan los sucesos en minúscula. Siempre los he visto en mayúscula. En 2017 Fran Sánchez me confirmó que se escribían en minúscula. Al verlo escrito así, en 1939, me ha resultado interesante el dato. En tercer lugar, la descripción de como Azaña admite como ocurrieron los hechos, pero que no «pueden salpicar al Gobierno y muchos menos a la República». Tesis opuesta a la que viene defendiendo en todo su relato Joaquín Ararás
Prosigue la narración en La Historia de la Cruzada: «El día 23 los comisionados presentan una nueva proposición que defiende el diputado Sediles, y en su discurso da a conocer algunos detalles estremecedores; confirma la razzia en el pueblo y el fusilamiento de 14 hombres detrás de la choza quemada, uno de ellos septuagenario, a quien, como a todos, la fuerza arrancó de su domicilio.
Azaña parece rendirse a la evidencia. Ya no puede negar los fusilamientos, pero afirma que “las víctimas no han sido producidas por un aparato legal, movido por el Poder público”. “El Gobierno no ampara ningún abuso. Un juez especial actúa y se impondrán las sanciones debidas”. Los sucesos de Casas Viejas – termina- no pueden salpicar al Gobierno y muchos menos a la República.
A continuación recoge en palabras de Martínez Barrios todas las contradicciones en las que ha caído el gobierno en el proceso que ha habido en el parlamento sobre los hechos de Casas Viejas. Termina con un «Aclarado» muy significativo.
«A renglón seguido, otro comisionado, el señor Rodríguez Piñero, relata:
“El jefe de la fuerza, ante una de las víctimas, que alegaba enfermedad para no salir de su domicilio, exclamó:” A mí camelos de enfermedades, no. Yo tengo órdenes que cumplir”. A los heridos se les remató dándole el tiro de gracia”.
A los gestos de asombro se unen los gritos de abominación contra el Gobierno. ¿Lo que se escucha es inaudito!
Martínez Barrios expone la opinión de la minoría radical. Recuerda el proceso parlamentario de la cuestión; el 1.º de febrero el subsecretario de Gobernación calificó de calumnia, aireada por la minoría radical y por cierta Prensa periódica, la versión de los hechos. No había ocurrido nada, dijo aquél, que mereciera una sanción gubernativa; ni siquiera la necesidad de abir un expediente. Al día siguiente el presidente del Consejo se opuso a la investigación parlamentaria; “el Gobierno sabía todo lo ocurrido, que era todo lo que tenía que ocurrir, y aquella situación no había habido más remedio que acabarla como se hizo, que era la única manera posible”. ¿Existía la convicción de que no había sucedido nada anormal o, enterado el Gobierno perfectamente de lo sucedido, no quería que se hiciera luz en el asunto? Aclarado».
