En noviembre de 1975 coincidieron dos grandes crisis en España; la económica y la política. Franco después de haber cambiado el curso de la historia de España se estaba muriendo plácidamente en su camita. En ese contexto Marruecos envió a unos 350.000 ciudadanos para invadir pacíficamente el Sahara Occidental por entonces todavía provincia española, como medida de presión nacional e internacional sobre España. Esta estrategia marroquí tuvo sus frutos apetecidos, planteándose desde entonces el problema de pueblo Saharui abandonado a su suerte en medio de una maraña de intereses internacionales. A esta marcha pacífica se le llama “La marcha verde”. Paralelamente a esto en España el paso de la dictadura a la democracia se vio envuelto en muchas 
dificultades. Uno de los principios que rigió esta transición fue la utilización de la historia como principio que guiaba las decisiones políticas. Nuestra clase política había optado por el consenso en vez de la crispación de la segunda república y había tomado el camino de la moderación de las reformas, en vez del carácter radical de las del régimen proclamado el 14 de abril, intentado siempre no cometer los mismos errores que la República. Incorporando al ejército y a la iglesia en el proceso de cambio, el problema agrario se planteaba de nuevo como otra fuente potencial generadora de inestabilidades y revueltas, sobre todo en regiones latifundistas como Andalucía donde este problema había marcado su historia contemporánea. Por otra parte, el boom de los años sesenta había afectado fundamentalmente al mundo urbano, presentando a finales de los setenta el mundo rural grandes deficiencias en infraestructuras y servicios. En medio de estas dos crisis, política y económica, con el trasfondo del diferencial rural y con la carga histórica siempre presente, el gobierno pone en marcha el Plan de empleo rural para Andalucía y Extremadura. Este plan usaba como elemento central a los ayuntamientos, a los que dotaba de unos fondos económicos, los cuales un 70% iban destinados a pagar jornales de los trabajadores y un 30% para la adquisición de materiales. En el Benalup de la transición aquello se tradujo en una alternativa al paro agrícola estacional tradicional. Cientos y cientos de personas se beneficiaban de aquellas ayudas. Al mismo tiempo se adecentaban colegios, calles, caminos rurales, jardines, etc. La organización del trabajo fue bastante complicada, generándose miles de anécdotas y curiosidades. Sobre todo al principio, la desorganización era patente y todavía no habíamos aprendido que en democracia son tan importantes las formas como el fondo. Lo de que el fin justificaba los medios que habíamos interiorizado en el franquismo no era tan fácil de superar y a la actualidad me remito.
